Reforma constitucional: Impugnaron la consulta popular propuesta por Lifschitz

Fue a través de un escrito impulsado por el apoderado del partido PAIS ante el Tribunal Electoral Provincial. El recurso cuenta con el respaldo jurídico del abogado constitucionalista Domingo Rondina. Los denunciantes aseguran que la convocatoria es inconstitucional ya que fue realizada por decreto. Advierten que es necesario que la iniciativa tenga fuerza de ley otorgada por la Legislatura.

En diciembre pasado, el Gobernador Miguel Lifschitz decretó que a la par de las elecciones generales de la provincia que se celebrarán en junio habrá una consulta popular convocada por el Poder Ejecutivo mediante decreto para que el electorado santafesino se expida a favor o en contra de la reforma de la Constitución. La medida fue resistida por la oposición que aseguró que no hubo consulta alguna por parte del Frente progresista.

En esa línea, este lunes se conoció que, Néstor Deschi, apoderado del partido PAIS con el patrocinio del abogado constitucionalista Domingo Rondina impugnó el llamado oficial ante el Tribunal Electoral Provincial (TEP). Fue después de la reunión que promoviera la presidenta de dicho organismo, María Angélica Gastaldi, para analizar los alcances de la consulta. La magistrada ya había alzado sus dudas sobre el referendum pretendido, lo que puso en alerta a los apoderados de los partidos. La inquietud generalizada era que la convocatoria se realizó por decreto y no a través de una ley provincial.

«es totalmente írrito e inconstitucional que se siga adelante con un proceso que significa como mínimo 600 millones de pesos”.

En ese marco, el escrito presentado por Deschi se apoya en el artículo 29 de la Constitución provincial “la ley es la única que puede darle competencias al Tribunal Electoral” para entender en un operativo eleccionario. “Y ninguna ley -prosigue el escrito- le ha dado competencia para organizar una consulta popular. El decreto, en este caso, pretende asignarle (al TEP) funciones que la ley no le da, lo cual se da de lleno contra la cláusula constitucional». Asimismo, destaca que «el plebiscito convocado no es una elección, sino un mecanismo de consulta de la ciudadanía, lo cual no está previsto como actividad posible del Ejecutivo”.

Por su parte, el dirigente Diego Giuliano ya había planteado públicamente, en su propia impugnación a la medida de Lifschitz, que se trata de una consulta “vacía”. Para Rondina, “la eventual reforma será sobre temas concretos, por lo tanto esos tópicos deberían estar consignados y expuestos en la convocatoria de la consulta; de lo contrario, sería irregular”. Vale recordar que el proyecto del Frente Progresista busca la modificación parcial de la Carta Magna y no su totalidad. 

Además, se plantea que “si se admite que el Gobernador puede movilizar cuerpos electorales cada vez que quiera (por decreto), podríamos tener elecciones todos los meses; podríamos tener gobernadores que presionen a la Legislatura desconociendo la facultad que tiene los legisladores como tales para actuar. Eso es contrario al espíritu de la Constitución. No se puede convocar a elecciones sin acuerdo legislativo”, describió.

Por todo ello, se solicita al Tribunal “la anulación de la convocatoria y la no realización de la consulta popular ilícitamente convocada por decreto 4208/2018”.

En consecuencia, si se sigue adelante con la maniobra del oficialismo, apuntaron que se “deberá prever pauta publicitaria al margen de la prevista para las elecciones de candidatos. Caso contrario -advierten-, aquellos partidos que definan su oposición a la reforma no tendrán pauta para expresar su posición, mientras que el gobierno tendrá toda su maquinaria publicitaria para imponer su postura”.

Por último, los promotores de la impugnación pidieron al Tribunal que se realice “a la mayor brevedad posible” una “audiencia vista de causa”, para poder “exponer todos nuestros fundamentos en un solo acto”. Y acotaron que “para el hipotético e improbable caso de que este Tribunal Electoral haga lugar a la impugnación presentada, dejamos desde ya reservados nuestros derechos y acciones, en particular de acudir ante la Corte Suprema de Justicia de la Provincia por la vía del Recurso de Inconstitucionalidad ley 7055 en defensa de nuestro derecho electoral tanto activo como pasivo”.

 

con información de El Litoral/Ivana Fux

 

 

Lunes, 11 de febrero de 2019.-