Promulgan, con veto parcial, la ley que permite a empresas financiar campañas políticas

Se publicó en el Boletín Oficial la norma que les permitirá a las empresas donar fondos a los candidatos presidenciales que participarán en las elecciones de este año. El veto técnico eliminó una de las restricciones que fijó la norma a esas compañías.

El Congreso de la Nación aprobó el pasado 15 de mayo la Ley de Financiamiento Electoral por la que los partidos podrán recibir donaciones de campaña de empresas privadas y todos los aportes serán bancarizados. La iniciativa se aprobó con 148 votos (Cambiemos, interbloque peronista Argentina Federal y el Frente Renovador) contra 69 negativas, (FpV -PJ, Izquierda, Movimiento Evita y el espacio Red por Argentina de Felipe Solá).

Este viernes, se publicó en el Boletín Oficial la promulgación de dicha ley pero con un veto técnico oficial que eliminó una de las restricciones que fijó la norma a esas compañías.  Dicha restricción mencionaba que se impide realizar aportes a quienes «sean sujetos demandados de un proceso en trámite ante el Tribunal Fiscal de la Nación por reclamo de deuda impositiva».

Desde la Dirección Nacional Electoral, señalaron que «El Tribunal Fiscal de la Nación es un organismo que recibe reclamos de los contribuyentes contra resoluciones dictadas por la AFIP. El contribuyente no es el demandado sino el que demanda si cree que no le corresponde pagar un impuesto». Asimismo, un funcionario de Casa Rosada que participó de la decisión oficial explicó a Ámbito.com que «Si el espíritu de la ley era prohibir que los evasores sean aportantes, fue un error apuntar al Tribunal Fiscal de la Nación».

Según el decreto oficial, se argumentó que «el término sujetos demandados no resulta técnicamente correcto, por cuanto de acuerdo con la Ley N° 11.683 de Procedimiento Tributario, el Tribunal Fiscal de la Nación -más allá de la naturaleza jurídica de sus facultades- es una instancia administrativa ante la cual los contribuyentes pueden recurrir la intimación de la AFIP al pago de sanciones o tributos, por lo que no hay sujetos demandados ante dicho tribunal sino que, por el contrario, ante él ejercen las personas humanas y jurídicas un derecho que se les otorga frente a los posibles incumplimientos de la administración».

Con información de Ámbito.

Viernes 31 de mayo de 2019-.