Investigan a Macri y Aranguren por la venta de centrales termoeléctricas «a precio vil»

Las pericias que ahora conducen el juez Rafecas y el fiscal Pollicita partieron de una denuncia hecha por legisladores opositores. Apuntan contra el Presidente y el ex ministro de Energía por la privatización de las centrales Ensenada de Barragán y Brigadier López a 400 millones menos del valor real de las mismas. También es investigado el ex secretario de energía, Javier Iguacel.

La Justicia investiga al Presidente Mauricio Macri, al ex ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, y al ex secretario de Energía, Javier Iguacel -entre otros- por la privatización «a precio vil» de dos centrales termoeléctricas Ensenada de Barragán (provincia de Buenos Aires) y Brigadier López, ubicada en el Parque Industrial de Sauce Viejo (departamento La Capital, provincia de Santa Fe). Todo comenzó con una denuncia radicada por diputados nacionales de Unidad Ciudadana.

La acusación formal de los legisladores Rodolfo Tailhade, María Emilia Soria, María Fernanda Vallejos y Adrián Grana, apunta a la intención del Gobierno nacional es vender ambas centrales por una cifra que resulta en casi 400 millones de dólares menos del valor real de las usinas construidas durante la gestión kirchnerista.

El proceso de privatización comenzó en noviembre de 2017 cuando el Poder Ejecutivo publicó el decreto 882/17, firmado por el Presidente, el jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, y el entonces ministro de Energía Juan José Aranguren. En junio de 2018, en su última medida al frente del ministerio, Aranguren aprobó los pliegos para la licitación pública nacional e internacional de las dos centrales.

La causa quedó en manos del juez Daniel Rafecas y del fiscal Gerardo Pollicita, quienes además de Macri, Aranguren y su reemplazante Iguacel también investigan al presidente de Ieasa, Mario Dell Aqua; al director ejecutivo y gerente de termoeléctricas de Ieasa, Alberto Raúl Brusco; al gerente de control de proyectos de Ieasa, Adolfo Marcelo Piccinini; al ex presidente de Enarsa, Hugo Balboa; y al empresario Ángelo Calcaterra, dueño de Iecsa, una histórica empresa del Grupo Macri.

Es de destacar que tras el anuncio de la venta de ambas centrales se presentaron potenciales compradores que levantaron todo tipo de perspicacias. Para la central Brigadier López solo se presentó la firma Central Puerto, que cuenta entre sus accionistas a Nicolás Caputo, “amigo del alma” de Macri. La misma empresa se presentó a la compulsa por la central de Ensenada de Barragán, donde disputará la compra con la firma YPF Luz.

En la denuncia presentada se precisa que la central de Ensenada de Barragán fue tasada por el Estado en 305,9 millones de dólares y el monto mínimo de oferta en efectivo es de 229 millones de dólares. En tanto, la de Brigadier López tiene una valuación oficial fue de 207 millones de dólares con un mínimo de oferta en efectivo de 155 millones de dólares. “¿Cómo puede admitirse que el Estado Argentino enajene activos públicos estratégicos por casi 267 millones de dólares menos (Ensenada de Barragán) y 110 millones de dólares menos (Brigadier López) de lo que valían en 2012?”, espeta el texto de la oposición.

En efecto, los resultados operativos financieros publicados por Enarsa, relativos a las dos usinas, muestran que el Estado está enajenando dos centrales rentables “a precio vil” para beneficiar a Caputo y a sus socios en Central Puerto. Entre ellos, Guillermo Roca y Eduardo Eskasany. Sin deducir impuestos, la central de Ensenada de Barragán en 2017 registró una ganancia de 121,4 millones de dólares y la Brigadier López 62 millones de dólares.

Además, la denuncia da cuenta de que en el proceso licitatorio ocurrieron otras irregularidades, como que Iecsa (que junto a Isolux había ganado la licitación para la construcción de las centrales) dejó sin terminar las obras y fue indemnizada con 1600 millones de pesos por el Estado Nacional durante la actual gestión de Mauricio Macri, primo del dueño de Iecsa Ángelo Calcaterra.

Por último, los denunciantes de Unidad Ciudadana expresan que resulta evidente que “los antiguos empleados de la familia Macri han sido allí designados para direccionar y/o influir sobre el procedimiento de privatización de las centrales térmicas y favorecer económicamente a distintas personas cercanas al presidente”.

 

con información de El Ciudadano

 

Lunes, 11 de febrero de 2019.-