Congreso: Se aprobó la Ley de Financiamiento Electoral

La Cámara de diputados dio luz verde a que las empresas privadas puedan ser aportantes de campaña y los fondos deberán ser bancarizados. Fueron 148 los votos positivos contra 69 que se opusieron: el kirchnerismo, la izquierda, el MOvimiento Evita y el espacio de Felipe Solá quienes sostenía que el financiamiento debe ser "100 por ciento estatal". La norma que comenzará a regir este año, establece que los partidos “obtendrán sus recursos mediante el financiamiento público y privado para el desarrollo de sus operaciones ordinarias y actividades electorales”.

El Congreso de la Nación aprobó este miércoles la Ley de Financiamiento Electoral por la que los partidos podrán recibir donaciones de campaña de empresas privadas y todos los aportes serán bancarizados. La iniciativa se aprobó con 148 votos (Cambiemos, interbloque peronista Argentina Federal y el Frente Renovador) contra 69 negativas, (FpV -PJ, Izquierda, Movimiento Evita y el espacio Red por Argentina de Felipe Solá).

Con respecto al proyecto, algunos de los puntos para destacar son Financiamiento mixto, por el cual se establece que los partidos políticos “obtendrán sus recursos mediante el financiamiento público y privado para el desarrollo de sus operaciones ordinarias y actividades electorales”. Los partidos no podrán recibir de una misma persona humana o jurídica un monto superior al 2% de los gastos permitidos para esa campaña.

En tanto, lo referido a la Bancarización, los aportes en dinero solo podrán efectuarse mediante transferencia o depósito bancario. El donante deberá acreditar su identidad, y los bancos o administradoras de tarjetas de crédito o débito deberán informar al partido beneficiario quién fue el aportante.

Asimismo, hay un items denominado «Aportes en especie». Estos son los que consisten en la prestación de un servicio o la entrega de un bien en forma gratuita.

En cuanto a las prohibiciones, los partidos no podrán recibir contribuciones anónimas; donaciones de entidades centralizadas o descentralizadas nacionales, provinciales o municipales; de permisionarios, empresas concesionarias o contratistas de servicios u obras públicas o proveedores del Estado; de personas humanas o jurídicas que exploten juegos de azar; y de gobiernos o entidades públicas extranjeras, entre otros casos.

En tanto, sobre los plazos de la campaña, la campaña electoral, que hoy inicia 35 días antes de la fecha de la elección, comenzará ahora 50 días antes; y finalizará, como ahora, 48 horas antes del inicio del comicio. La publicidad en medios de comunicación queda prohibida antes de los 35 días previos a la fecha de la elección –hoy el plazo es de 25 días-. Asimismo, se amplía el plazo a partir del cual los candidatos ya no podrán realizar actos de gobierno -será dentro de los 25 días previos al comicio-.

Puntualmente sobre la publicidad audiovisual, la ley reduce a la mitad (del 10% al 5%) el tiempo total de programación audiovisual con fines electorales. A partir del año 2020, la mitad de este porcentaje será cedida a título gratuito, y la otra mitad será considerada pago a cuenta de impuestos nacionales.

Otro de los puntos a destacar está referido a las encuestas. La Cámara Nacional Electoral creará un Registro de Empresas de Encuestas y Sondeos de Opinión, donde deberán informar pormenorizadamente sobre los trabajos que realizaron, quiénes las contrataron y cuánto facturaron. Las empresas que no se inscriban en el registro no podrán difundir sus sondeos por ningún medio.

En esta oportunidad comienza a mirarse de cerca el uso de redes sociales durante las elecciones. La Cámara Nacional Electoral llevará el registro de las cuentas oficiales de redes sociales, sitios de Internet y demás canales digitales de comunicación de los partidos y sus candidatos, que luego deberán rendir cuentas sobre su campaña digital.

Del total de los recursos públicos destinados a la inversión en publicidad digital, al menos un 35% deberá destinarse a sitios periodísticos digitales generadores de contenido y de producción nacional, y al menos otro 25% a sitios de producción provincial.

Con información de Parlamentario.com

Jueves 16 de mayo de 2019-.